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TRABAS PARA LA FORMULACIÓN DE POSTGRADOS Y ESPECIALIZACIONES
EN GÉNERO Y DISIDENCIAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO CHILENO
OBSTACLES FOR THE FORMULATION OF POSTGRADUATE AND
SPECIALIZATIONS ON GENDER AND DISSIDENCE IN THE CHILEAN
UNIVERSITY CONTEXTUNIVERSITY CONTEXT.
Cornejo-Espejo, Juan1
1Universidad Bio-Bio, Facultad de Ciencias de la Educación, Chile.
Email: jcornejo@ubiobio.cl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3575-9530
DOI: https://doi.org/10.5377/aes.v4i2.16544
Recibido 11/06/22 – Aceptado 15/03/23
__________________________________________________________________________________________________________________________
Autor por correspondencia: jcornejo@ubiobio.cl (Cornejo-Espejo, Juan )
Forma sugerida de citación: Cornejo-Espejo, J. (2023). Trabas para la formulación de postgrados y especializaciones en género y
disidencias en el contexto universitario chileno. Apuntes de Economía y Sociedad, 4(2), 146-158. https://doi.org/10.5377/aes.v4i2.16544
Copyright © Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León)
Conflicto de intereses: El autor ha declarado que no existen ningún conflicto de interés.
Resumen
El presente artículo de corte ensayístico, tiene como
propósito problematizar y reflexionar acerca de las trabas
económicas, burocrático – administrativas, pero sobre todo
ideológico - religiosas que obstaculizan el desarrollo y
fortalecimiento del postgrado en el área del género y
disidencias; pues, pese a los discursos que apelan a la
diversidad e inclusión, a los avances legislativos en materia
de derechos individuales y colectivos, y a la voluntad
política de ciertos sectores progresistas nos deparamos con
fuerzas reaccionarias que intentan por distintas vías,
incluida la política, nos sólo obstruir esos avances, sino
revertirlos. Entre las principales conclusiones destacan: el
rechazo visceral a los estudios de género y reivindicaciones
feministas y de disidencias de parte de las universidades
confesionales. El rezago de las universidades privadas
donde el género irrumpe como un mandato de la autoridad
y no producto de procesos de maduración y discernimiento
de las comunidades universitarias. Y la actitud ambivalente
de las universidades públicas laicas que evidencian el
mayor desarrollo institucional en el área, a la vez que
escaso o nulo interés por el fortalecimiento del postgrado y
estudios de género y disidencias. Igualmente, relevante es
el intervencionismo político y amedrentamiento de ciertos
parlamentarios a académicos/as que cultivan estas
disciplinas.
Palabras clave: Educación Superior, posgrado,
obstáculo, estudios sobre las mujeres
Abstract
The purpose of this article is to problematize and reflect on
the economic, bureaucratic-administrative but above all
ideological-religious obstacles that hinder the development
and strengthening of postgraduate studies in the area of
gender and dissidence; Despite the discourses that appeal
to diversity and inclusion, the legislative advances in terms
of individual and collective rights, and the political will of
certain progressive sectors, we are faced with reactionary
forces that try in different ways, including politics, not only
to obstruct these advances, but to reverse them. Among the
main conclusions are the strong rejection to the gender
studies and feminist demands and disapproval from
confessional universities. The backwardness of private
universities where gender bursts forth as a mandate of
authority and not as the product of processes of maturation
and discernment of the university communities. And the
ambivalent attitude of secular public universities that show
the greatest institutional development in the area, while
little or no interest in strengthening postgraduate and
gender studies and dissidence. Equally relevant is the
political interventionism and intimidation of certain
parliamentarians to academics who cultivate these
disciplines.
Key words: Higher Education, graduate, obstacle,
women's studies.
.
Keywords: Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3,
palabra clave 4, etc.
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Apuntes de Economía y Sociedad N.º 4 (2) número especial/ 146-158/ ISSN: 2709 - 7005
I- Introducción
El estudio del género y todas las temáticas asociadas a él, se han tornado en la presente década temas ineludibles en las
agendas universitarias del continente, tanto desde el punto de vista curricular, cuanto de las condiciones mínimas de
sociabilidad y convivencia en virtud de la mayor consciencia de los distintos estamentos acerca de necesidad de incorporar
dicha dimensión en todas las actividades y decisiones de la vida universitaria, así como del respeto que se merece toda persona
más allá de su género, orientación sexual o identidad de género. Con todo, esa mayor consciencia y respeto, en ocasiones más
nominal que real, no ha sido sólo producto del devenir histórico o del despertar de conciencias. Rol fundamental han jugado
los movimientos de presión, denuncia y reivindicación feminista y de disidencias que han evidenciado el doble estándar, la
hipocresía universitaria, pero, sobre todo, los eufemismos que apelan a la igualdad y equidad en el seno de las casas de
formación superior cuando en verdad no son más que espejismos o discursividades vacías sin referencia o concordancia con
la realidad cotidiana de esas mismas casas de estudio (García y Nava, 2011; Cornejo, 2018).
No menos relevante resulta la denuncia de una formación, a estas alturas, ya “tradicional”, presente prácticamente en todos
los cursos y carreras universitarias caracterizada como rígida, homogeneizante, asimilacionista, patriarcal, sexista y
homofóbica, amparada y resguardada en una inflexibilidad burocrático – curricular, que sigue perpetuando las asimetrías, las
desigualdades y las jerarquías entre los géneros y sexualidades, subyacente a los itinerarios formativos y planes y programas
de estudio de esos mismos cursos y carreras.
De allí, la importancia del movimiento feminista y de disidencias movilizado que no sólo visibilizó la institucionalización de
los “techos de cristal” que ofrece pocas o nulas oportunidades a las mujeres universitarias, los “pisos pegajosos” que limitan
u obstruyen su desarrollo, sino también visibilizó una lógica que se aloja y enquista en una educación sexista y homofóbica
que asegura y perpetúa la sobrevida de ese mismo paradigma exclusor en los distintos procesos formativos (Davison y Cooper,
1993; Bustos, 2008; Páramo, 2010; Molina, et al., 2012; Cornejo, 2016).
Teniendo esos antecedentes como marco referencial y las exigencias del movimiento feminista y de disidencias, que en el
caso chileno se comenzaron a decantar a partir de abril de 2018 en movilizaciones universitarias que, entre otras acciones,
derivaron en “tomas” de universidades, la realización de claustros y jornadas feministas, paralizaciones de actividades
docentes, entre otras, intentamos problematizar algunas de las exigencias que emergieron de ese movimiento, particularmente
aquellas que apelaban al término de una educación sexista y el viraje hacia una educación más inclusiva, respetuosa de las
diferencias, abierta a la novedad y complejidades que implica el estudio de los distintos fenómenos reconociendo en ellos las
dimensiones de género. En definitiva, una educación que sin renunciar a las exigencias de calidad y excelencia intenta hacerse
cargo de la multiplicidad de facetas que conlleva la condición humana, alejando la tentación de un objetivismo y
distanciamiento “ingenuo”, apostando más bien por una educación situada, comprometida y transformadora.
Partiendo de esos desafíos, intentamos abordar la forma en que las universidades chilenas han intentado responder (o no) a
las interpelaciones del movimiento feministas y de disidencias de una educación no sexista, en el ámbito de los postgrados.
Por lo pronto hemos de señalar, como lo demuestran algunas publicaciones (Cornejo, 2021b) que ese mismo desafío en el
contexto de la formación de pregrado, continúa siendo más una tarea a alcanzar que una meta ya lograda; pues, de la treintena
de universidades públicas estatales, públicas no estatales y privadas que conforman el Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), sólo 5 de ellas, por ejemplo, han integrado asignaturas referidas a género en los itinerarios
formativos de algunas de las pedagogías que imparten. Las excusas reiterativas a esa demora han sido las trabas burocrático
– administrativas que conllevan las renovaciones curriculares, la pandemia o la falta de voluntad de algunos agentes
universitarios. En el mejor de los casos, cuando las renovaciones no han sido posibles, se ha optado por incorporar alguna
unidad o tópico de reflexión en alguna asignatura existente. Sin embargo, esas iniciativas quedan al arbitrio del profesor/a del
curso y tienden a concentrarse en las facultades vinculadas a las áreas de salud, humanidades o ciencias sociales.
La situación es aún más precaria si analizamos la otra treintena de universidades privadas que no hacen parte del CRUC
1
,
pues, en la mayor parte de ellas, muy recientemente se ha comenzado con la implementación de protocolos que resguarden
eventuales situaciones de abuso sexual y/o de género. Ni hablar de reformas curriculares o transformaciones que aseguren el
quiebre del paradigma patriarcal – heterosexista en la formación universitaria.
1
En Chile hay un total de 61 universidades, de las cuales 30 hacen parte del CRUCH, las cuales se subdividen en 18
públicas estatales, 9 públicas no estatales y 3 privadas de reciente incorporación.
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En lo que respecta a los postgrados la situación no es muy distinta a lo acaecido en el pregrado, pues, muy incipientemente se
han ido incorporando asignaturas o unidades temáticas en los postgrados existentes, particularmente en las áreas antes
señaladas, y al igual que en ese nivel de formación, mayoritariamente, en universidades públicas estatales. Postgrados
propiamente de género son más bien excepcionales concentrándose más bien en la Universidad de Chile en sus Facultades de
Ciencias Sociales y Humanidades. No obstante, no se puede desconocer que la incipiente oferta en materia de género se ha
tendido a concentrar en especializaciones y diplomados, vinculados varios de ellos a políticas públicas, en universidades
públicas estatales u organismos de capacitación laboral.
En las siguientes páginas nos proponemos reflexionar a la vez que problematizar las trabas económicas, burocrático –
administrativas, pero sobre todo ideológicas que obstaculizan el desarrollo y fortalecimiento del postgrado en el área; pues,
pese a los discursos que apelan a la diversidad e inclusión, a los avances legislativos en materia de derechos individuales y
colectivos, y a la voluntad política manifestada por algunos sectores más progresistas de avanzar hacia una sociedad más
democrática, nos deparamos, al mismo tiempo, con fuerzas reaccionarias que intentan por distintas vías, incluida la política,
no sólo obstruir esos, a veces mezquinos avances, sino revertirlos (Cornejo 2021a). Y en ese sentido la Universidad no ha
estado ajena a esa tensión presente en la sociedad que ha convertido al género y la sexualidad en Chile en un campo de batalla
permanente, donde se entrecruzan, superponen y confunden posturas políticas, religiosas e ideológicas.
Las exigencias de rentabilidad
Una de las trabas más reiterativas a que se ven enfrentados todos los programas de postgrado existentes o proyectados en
Chile es el de la rentabilidad. Es decir, más allá de los eventuales aportes a la cultura, al fortalecimiento social y político, al
desarrollo tecnológico, a las necesidades de las distintas comunidades o visibilización de las mismas, etc. el criterio decisivo
a la hora de crear o cerrar un programa de postgrado es el de rentabilidad. Prácticamente en todas las universidades del país,
públicas o privadas, este criterio deviene en una suerte de cerrojo que abre o cierra la puerta a cualquier iniciativa. Así, línea
de flotación, royalty, mercado de potenciales estudiantes, etc. se convierten en lenguaje común y vaya ineludible para
cualquier programa, convirtiéndose en los criterios más relevantes, por sobre las eventuales contribuciones teóricas,
metodológicas o prácticas de cualquier programa. Sin embargo, hay otro aspecto menos conocido, pero no por ello menos
importante o distorsionador, es esconder por detrás de las exigencias de rentabilidad criterios o consideraciones ideológicas.
Criterio especialmente sensible y decisorio en instituciones confesionales o que se adhieren a principios o postulados de ese
orden, como veremos en las siguientes páginas (Cornejo, 2019b).
En lo estrictamente económico, como ya se comentó, más allá de los aportes, novedad o necesidad de un determinado
programa prevalece el criterio rentabilidad. De allí, que el estudio de mercado de los potenciales estudiantes – clientes sea un
aspecto fundamental a la hora de crear o mantener un programa. De parte de los estudiantes no es inusual tampoco que la
decisión de perfeccionarse, académica o profesionalmente, también se haga de acuerdo a criterios de rentabilidad o potencial
retorno económico que en el futuro reportará el postgrado o perfeccionamiento. Es decir, para muchos de ellos el incentivo
no viene por la adquisición de nuevos conocimientos o el mejoramiento de las competencias profesionales, sino de las mejoras
salariales, de ascenso profesional o de exigencias para el acceder a ciertos puestos de trabajo o de dirección. En este escenario
el conocimiento y la optimización de las competencias se convierten en valores agregados o subsidiarios a la motivación
económica.
De este modo, no es extraño depararse entonces, con estudiantes de postgrado que asumen esta etapa formativa como una
“inversión”. Actitud que, sin duda, incide en el desinterés, falta de resiliencia o frustración casi inmediata ante las primeras
exigencias de un trabajo académico serio, reflexivo y crítico que, necesariamente, demanda dedicación, paciencia y
perseverancia. Esto es, se trata más bien de estudiantes acostumbrados a logros sin mayores esfuerzos o que prontamente
reivindican su condición de estudiantes – clientes; pues, para ellos lo realmente relevante no es la formación en sí, sino las
ventajas o valores agregados que derivan de la misma.
Y son estas constataciones las huellas más distintivas de un modelo económico – social que ha transformado a la educación
en una oportunidad de negocios, reduciéndola a una mercancía susceptible de ser transada, negociada y cuyos principios y
fundamentos pueden ser hipotecados en nombre de la rentabilidad. Tendencia que en el caso chileno no sólo domina el
horizonte de las universidades privadas, sino que ha alcanzado inclusive a varias universidades públicas.
No está demás señalar en este sentido, que la propia producción intelectual universitaria se encuadra dentro de esa misma
lógica. Así, más allá de los aportes al conocimiento, a la formación profesional o lo novedoso que pueda resultar un artículo
científico, por ejemplo, la evaluación y, consecuentemente, valoración viene dado por el tipo de revista en que se publique e
indexación de la misma. La verdad poco importa si el artículo es un aporte o no, lo verdaderamente relevante es si está
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publicado en una revista Wos o Scopus, preferentemente, y ello por las retribuciones económicas que están asociadas a este
tipo de publicaciones no sólo para los autores, sino también para las instituciones universitarias a que están vinculados. De
allí, que no resulte extraño la disociación que se produce muchas veces entre la investigación - publicaciones, y la formación
que proporcionan esas mismas casas de estudio, donde las investigaciones - publicaciones no necesariamente tributan a la
docencia o guardan relación con los problemas que aquejan a las comunidades o entornos en que se insertas esas universidades.
Así, la problemática anterior se torna más acuciante tanto en ciertas disciplinas o áreas de conocimiento de las ciencias sociales
y humanas, cuanto de varios de los postgrados asociados a esas mismas áreas donde la rentabilidad difícilmente se pueden
cumplir, o las producciones intelectuales de las disciplinas de frontera o emergente se ven enfrentadas a las hegemonías
disciplinarias y temáticas, más los sesgos patriarcales y homofóbicos que aún prevalecen en institutos, editoriales o entidades
divulgadoras de las producciones intelectuales. Dicho de otro modo, si a la consabida repartición inequitativa de recursos y
divulgación entre las ciencias duras y/ o aplicadas, y las ciencias sociales y humanas, se suma el hecho que aún al interior de
estas últimas también se tienden a reproducir las asimetrías de reconocimiento y poder entre aquellas ya consagradas o que
hegemonizan los discursos, y aquellas emergentes o de frontera que en no pocas ocasiones son descalificadas o consideradas
“ciencias bastardas” por, supuestamente, no tener un estatuto epistemológico y metodologías propias, por preocuparse u
ocuparse por temáticas poco relevantes o que afectan a grupos muy focalizados de la población.
Ese “ninguneo” intelectual afecta de modo especial a los estudios de género y de disidencias que, en múltiples oportunidades,
no sólo son descalificadas en virtud de una supuesta pobreza epistemológica o metodológica, sino de posicionamientos
ideológico – religiosos que se han enquistado aún en el seno de las casas de formación superior laicas. Sumada las
desconfianzas que despierta el empoderamiento y visibilización de las mujeres al interior de las distintas casas de estudio del
país en la última década y, de modo especial, desde las movilizaciones feministas y de disidencias de 2018, que han
transformado al género en tópico obligado de las agendas universitarias, ya sea, forzando a todas las universidades nacionales
a contar con protocolos de denuncia y seguimiento de los casos de acoso y/o abuso sexual, además, de la creación de unidades
o direcciones de género, cuyo objetivo es la sensibilización y formación de las comunidades universitarias
2
o, ya sea,
exigiendo el término de la educación sexista que permea los itinerarios formativos de todas las carreras de educación superior
y, en general, de todo el sistema educativo nacional. Punto que aún está en deuda en la mayor parte de las universidades del
país, como ya se comentó en la parte inicial de este artículo (Cornejo, 2021b)
En lo que respecta a los postgrados en el área de género y de disidencias, la situación tampoco es muy auspiciosa. Por lo
pronto, hemos de señalar que en Chile no existen doctorados en el área. En el mejor de los casos, cuando esas temáticas
emergen a este nivel de formación, lo hacen como una unidad temática dentro de un curso de inclusión, de políticas públicas,
de derechos humanos u otros por el estilo y, normalmente, en el marco de doctorados de educación, derecho o ciencias
sociales.
A nivel de los magísteres, contrariamente a lo que se pudiera pensar por el impulso dado a las temáticas de género y de
disidencias a partir de las movilizaciones feministas de 2018, la oferta se ha mantenido más o menos idéntica al período previo
a las movilizaciones, tendiéndose a concentrar, básicamente, en la Universidad de Chile con sus Magísteres de género y
cultura en sus Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, más el Magíster en Estudio de Género e Intervención
Psicosocial que ofrece la Universidad Central. Es decir, la oferta de magísteres de género no se ha expandido, en parte por las
exigencias de sustentabilidad y rentabilidad económica que imponen todas instituciones superiores, incluidas las estatales,
para la apertura y mantención de un programa de postgrado, las exigencias de contar con un cuerpo académico consolidado
en el área de especialización del postgrado y las exigencias de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
A este respecto es importante señalar que, si bien en el caso de los magísteres no es obligación someterse a acreditación, sin
embargo, siempre resulta deseable y condición ineludible en todas las universidades nacionales que tienen en vista la
acreditación institucional en el área de postgrado.
Yendo a lo estrictamente económico, juega en contra el hecho de que para este tipo de magísteres resulta muy difícil su
implementación porque a diferencia de otros programas donde el gancho está dado por el posible retorno monetario en el
2
Si bien las unidades o direcciones de género están presentes en la gran mayoría de las universidades del CRUCH, una
existencia real y efectiva sólo es posible de constatar en las universidades laicas. En las instituciones confesionales, cuando
las hay, su funcionamiento es más bien nominal y con atribuciones muy limitadas, tanto en términos operativos como de
formación. En las universidades privadas, la existencia de estas unidades o direcciones de género, además de excepcionales,
son muy incipientes y, normalmente, surgidas no por iniciativa de las mujeres de esas casas de estudio, sino como mandato
de las rectorías o gobiernos universitarios que buscan estratégicamente proyectar una imagen pública de instituciones
inclusivas.
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mediano y largo plazo para los estudiantes, en este caso resulta muy difícil que ello llegue a ocurrir. Es más, las personas que
se interesan por estos programas lo hacen no pensando en criterios de rentabilidad, sino de realización y desarrollo personal,
militancia feminista o LGBTIQ+, compromiso sociopolítico o apuestas de transformación social. Entre las trabas no se pueden
obviar tampoco las resistencias de las propias autoridades universitarias (aún en las instituciones públicas laicas) que,
escudados en las urgencias y prioridades institucionales, necesidades de los territorios donde se localizan las universidades y
la falta o insuficientes cuerpos académicos calificado, se esconden (a veces escasamente disimulados) sesgos machistas,
patriarcales y homofóbicos, y en ocasiones ideológico – religiosos.
El escenario es aún más complejo en las universidades confesionales, donde se suele cultivar un cierto tipo de género “soft”,
que se conforma con la denuncia de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres o ciertos grados básicos de
desigualdad e inequidad social, pero que en ningún caso apuestan por el pleno reconocimiento de las disidencias, los derechos
sexuales y reproductivos, la desencialización de las sexualidades, el quiebre del binarismo sexual, la liberación de los cuerpos
entre otros varios asuntos. Instituciones, además, donde los que cultivan los estudios de estos temas o discrepan de los
lineamientos doctrinales - religiosos son cuestionados, marginados y aún perseguidos, importando muy poco sus
calificaciones académicas y cualidades humanas.
Donde sí es posible reconocer ciertos avances en materia de perfeccionamiento es a nivel de los diplomados orientados al
mundo laboral, de las políticas públicas, del derecho o de intervención social. De hecho, no son sólo instituciones de educación
superior las que se han interesado en ofrecer este tipo de cursos, varios de ellos insertos en procesos de capacitación más
amplios que integran dimensiones de género. Con todo, sus abordajes están más bien focalizados en temáticas sociales
específicas del mundo laboral, del derecho, de las políticas públicas o de comunidades territoriales excluidas o con pocas
posibilidades de gestión de sus derechos, donde las condiciones de equidad o igualdad son vulneradas o inclusive no se cumple
lo mandatado por la legislación nacional vigente. En ningún caso, o muy excepcionalmente, estos programas apuntan a
cuestiones estructurales más de fondo como son: el quiebre o ruptura del paradigma patriarcal – heteronormativo, el binarismo
sexual, la liberación de los cuerpos entre otros aspectos. Se trata más bien del cultivo de un cierto tipo de género más “soft”
que no compromete o cuestiona el orden vigente, sino aspectos incumplidos de funcionamiento del mismo, que si bien
relevante, no decisivo a la hora de pensar en un cambio o transformación verdadera.
En las siguientes páginas, nos adentraremos en el análisis de trabas aún más perniciosas que han ido ganando terreno en la
presente década de la mano del resurgimiento de movimientos ideológico - religiosos que buscan no sólo oponerse a cualquier
reconocimiento de derechos en el plano social legislativo, sino de anular los logros alcanzados.
Trabas ideológicas
Sin duda, una de las mayores dificultades que limitan y obstaculizan el desarrollo del postgrado son los sesgos ideológicos
que recaen sobre los estudios de género y disidencias. Esto es, los cuestionamientos no se reducen apenas a consideraciones
burocrático – administrativas o financieras que impiden el desarrollo de postgrados en estas áreas del conocimiento, como
ocurre con varios otros programas ligados a las artes y humanidades que a ojos de la autoridad universitaria resultan poco
rentables. Aquí, además de esas restricciones de funcionamiento, se suman otros sesgos que, en sus versiones desacralizadas,
laicas o liberales subrayan una supuesta inferioridad epistemológica y pobreza metodológica de los estudios de género y
disidencias si comparados con otras disciplinas hegemónicas de las ciencias humanas y sociales, ya consagradas, que
pretenden dictar cátedra e imponer formas uniformizadas de producir conocimiento. A estos sesgos inscritos más bien en el
plano simbólico y de las representaciones se suman otros de larga data que hunden sus raíces en la tradición religiosa,
prácticamente de todas o la mayor parte de las religiones del mundo, que consagran y legitiman una supuesta desigualdad
originaria entre hombres y mujeres, justificando y queriendo perpetuar esa desigualdad basados en supuestas revelaciones
divinas, cuyas consecuencias se dejan sentir y plasman en estructuras sociales patriarcales, heteronormativas y binarias
(Tarducci, 2001; Abbott, Loxley, Sturgeon, Tomley & Walisiewicz, 2013).
En las últimas décadas ese pensamiento binario excluyente pareciera haber cobrado nuevos aires al alero de grupos religiosos
evangélicos y católicos fundamentalistas / integristas que han levantado como bandera de lucha y visibilización pública una
auténtica cruzada contra lo que ellos denominan: “ideología de género” (Careaga y Araneda, 2020)
3
. Esto implica en términos
3
Numerosas han sido las acciones de estos grupos fundamentalistas / integristas, entre las que destacan las marchas por la
familia, la circulación del denominado “bus de la libertad” iniciativa impulsada por la ONG española Hazte Oír y las campañas
opuestas a la educación sexual promovida desde el Estado cuya consigna ha sido: “Con mis hijos no te metas” creada por
grupos evangélicos peruanos en 2016.
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prácticos la lucha contra toda política de identidad y reconocimiento, así como las perspectivas de género y derechos sexuales
y reproductivos en el ámbito de las políticas públicas y, de modo especial, en la legislación civil y de educación.
En concreto, rechazo a cualquier ley o reforma a la legislación que favorezca el aborto, matrimonios entre parejas del
mismo sexo, adopción por parte de parejas homoparentales, cambio de identidad basada en el género, educación sexual
temprana y con enfoque de género en la educación. La última década ha sido muy activa en torno a este tipo de debates
en el continente, (Aguilar de la Cruz, 2019. p. 202).
Lo más llamativo del fenómeno ha sido la alianza entre católicos y evangélicos, antes acérrimos enemigos, que han hecho
causa común para denunciar lo que ellos consideran corrupción moral particularmente cuando se habla de derechos o
reconocimiento legal y público a las disidencias sexuales y de género.
Desde entonces se han creado y fortalecido organizaciones de la sociedad civil que defienden la vida desde la
concepción, están en contra del uso del condón, el aborto, la educación sexual y la salud sexual y reproductiva y
promueven la familia tradicional como pilar de la sociedad (Careaga y Aranda, 2020, p. 22).
Con todo, llama la atención la actitud de los evangélicos que, tradicionalmente se han quejado de ser víctimas de
discriminación y exclusión social, convertidos hoy en promotores de las mismas acciones de que fueron víctimas en el pasado,
esto es, han pasado de discriminados a discriminadores. En este sentido no deja de sorprender el giro político que han adoptado
varias de las denominaciones más conservadoras del evangelismo que han roto con la prescindencia política y adoptado un
rol más activo y protagónico en la política partidaria, intentando emular, en cierto sentido, el ejemplo de sus pares brasileños
y de otros países del continente donde la religión se ha transformado en un actor político relevante a la hora de decidir, por
ejemplo, el curso de una elección. “(…) una buena proporción de las iglesias evangélicas están abandonando el complejo de
minoría, incursionando en la política institucional, guiadas por dirigentes de megaiglesias, que basados en la teología del
“reino ya” o dominionismo” (Stoll, 1993).
Ahora pretenden, como sostiene este mismo autor, cristianizar al Estado en una versión evangélica constantiniana. Y aun
cuando su involucramiento político no es unánime, ni uniforme, son las megaiglesias las que están promoviendo y liderando
dicha incursión, influenciando a las iglesias evangélicas más pequeñas e independientes. De este modo, la agenda contra los
derechos sexuales y reproductivos, y la oposición militante a cualquier reivindicación de las disidencias sexuales y de género
en el plano jurídico y de las políticas públicas se ha convertido en la punta de lanza de una estrategia que pone en jaque lo
que se suponía debe garantizar el Estado laico (Stoll, 1993).
(…) su perfil ideológico político se puede sintetizar en cuatro rasgos: tienen posturas ultra-conservadoras en relación
con la familia y restrictivas de las libertades sociales; están abiertos al neoliberalismo y la sociedad de consumo; su
poder económico es considerable y está asociado al aporte convicción de sus feligreses; tienen un amplio despliegue
mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales (Careaga y Aranda, 2020, p. 23).
En la práctica este cambio de estrategia ha implicado que muchas iglesias evangélicas en Latinoamérica (y Chile no ha sido
la excepción), en las últimas dos décadas, hayan salido del replegamiento político o “huelga social” auto impuesta,
caracterizada por la idea de la “apoliticidad” (Lalive d’Epinay, 1968), para devenir en actores políticos negociadores de su
capital electoral o transformados sus líderes religiosos en agentes políticos activos con agendas propias (Careaga y Araneda,
2020) que, en el caso chileno, ha dado lugar a la denominada “bancada evangélica
4
” identificada, mayoritariamente, con
partidos de derecha, y que en las últimas elecciones presidenciales (2021) apoyó la candidatura del ultraderechista,
continuador del pinochetismo, José Antonio Kast. A este respecto, cabe recordar que tal cambio comenzó a operar desde
mediados de los años 80’, con la irrupción del gobierno evangélico de Efraín Ríos Montten en Guatemala y sus desastrosas
consecuencias.
En otras palabras, han sido las facciones más conservadora vinculadas al fundamentalismo religioso las que,
mayoritariamente, han roto con la prescindencia política tradicional y adoptado un rol más activo en la vida política pública,
postulándose al Congreso Nacional o apoyando candidatos que, además de vinculados a la derecha política y económica, se
4
Un acabado reportaje periodístico que no sólo da cuenta de las acciones políticas impulsadas por los evangélicos en el
Congreso Nacional, sino de sus vinculaciones con las denominadas “transnacionales de la fe”, producto de una investigación
llevada a cabo en 13 países del continente por distintos medios, coordinado por el Columbia Investigative Journalism, de la
Universidad de Columbia, es el artículo publicado por CIPER – Chile (2019), titulado: “Radiografía a la red que impulsa la
arremetida política de los evangélicos en Chile”.
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han erigido en guardianes y promotores de la denominada “agenda moral” cuyo sello característico es una acentuada
preocupación por temas de orden sexual, pero con descuido o aún desprecio por las violaciones a los derechos humanos
acaecidos durante la dictadura o violaciones de derechos cometidos, más recientemente, por agentes del Estado durante el
estallido social (2019). Vale decir, la avanzada evangélica ha devenido en una re-confesionalización de la política, con la
consecuente superposición y confusión de intereses, que en la práctica se expresa en la airada defensa de ciertos derechos
como, por ejemplo, la libertad religiosa o de culto, pero al mismo tiempo descuidando, oponiéndose o aun negando los
derechos de los grupos disidentes apelando a los mismos principios con que intentan resguardar la libertad religiosa.
Según Careaga y Aranda (2020) se trata más bien de grupos cuyos trazos distintivos pueden sintetizarse en los siguientes
elementos: a) posturas ultraconservadoras en relación con la familia; b) favorables a las restricciones de las libertades
individuales y sociales; c) abiertos al neoliberalismo y la sociedad de consumo; d) provistos de considerable recursos
económico producto de los aportes (y en ocasiones coacciones) de los feligreses (diezmos); y e) amplio despliegue mediático
a través de sus propias emisoras de radio, TV y redes sociales.
En lo que respecta a la Iglesia Católica se puede decir que históricamente ha sido opuesta al derecho al aborto y los derechos
de los disidentes sexuales y de género; más allá que determinados moralistas o religiosos puntuales se hayan mostrado más
abiertos o sensibles a estas temáticas. Lo cierto es, que la doctrina oficial de la Iglesia y la postura de sus dirigentes ha sido
taxativa y de abierto rechazo en ambos temas. En el mejor de los casos, en relación a los disidentes, se ha promovido una
cierta “acogida” y “comprensión”, normalmente condicionada al silenciamiento e invisibilización de aquellos que escapan a
los estrechos márgenes del heterosexismo o del binarismo sexual y de género, promoviendo en su lugar la culpabilización y
la castración de afectos y sexualidades. Esto es, se puede ser disidente en cuanto no se enuncie o visibilice.
No se puede obviar tampoco que en la presente década se ha intensificado la oposición y rechazo no sólo a los estudios de
género, acusándolos de “ideología de género”, especialmente por parte de grupos o facciones católicas ultraconservadoras
asociadas al integrismo, sino demonizando aquellas posturas, presentes aún en el seno de la Iglesia, que apuestan por la
autodeterminación de las mujeres y respeto de las disidencias.
En los siguientes apartados abordaremos cómo ese sesgo religioso se ha infiltrado u opera tanto en las universidades
confesionales como en las laicas.
Universidades confesionales
Lo primero que hemos de señalar en relación a las universidades confesionales es que si bien se evidencia una cierta apertura
en estas instituciones hacia determinadas temáticas o problemas que enfrentan especialmente las mujeres: acceso a ciertos
mercados laborales, restricciones o trabas invisibles (“techo de cristal”) que les impiden o dificultan ocupar cargos de
responsabilidad o dirección (Gaete y Álvarez, 2020; Lomas, 2020), aun en las propias instituciones de educación superior
(Cornejo, 2016), y las endémicas desigualdades salariales ante funciones y responsabilidades similares, no se puede decir lo
mismo hacia otras cuestiones que dicen relación con la autodeterminación y performatividad de los cuerpos, los derechos
sexuales y reproductivos, el reconocimiento de derechos de las disidencias sexuales y de género, y aún la promoción de una
educación sexual con base científica que apela a las libertades y responsabilidades individuales.
En este tipo de instituciones se tiende a cultivar más bien un género que podría ser calificado como “soft”, es decir, estudios
que no cuestionan los fundamentos del hetero-patriarcado, ni menos aún aspiran a una transformación profunda que desmonta
los paradigmas que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres o entre las sexualidades y géneros. De allí, que no
resulte extraño el “descuido” o “desinterés”
5
, por ejemplo, por incorporar tópicos de género en los planes y programas de
5
Ninguna de las universidades confesionales, ya sea confesionales tradicionales o ya sea confesionales privadas han
incorporado asignaturas específicas referidas a género en los planes y programas de estudio de la formación de profesores. Es
más, los propios protocolos preventivos, de seguimiento y sanción del acoso y abuso sexual y/o de género, que fue otra de las
reivindicaciones del feminismo universitario, presentan un importante grado de rezago si se los compara con la proactividad
que han mostrado las universidades laicas públicas.
Hacemos mención de las pedagogías poque han sido estas carreras las que aparecen a la vanguardia en materia de innovación
o renovación curricular incorporando asignaturas específicas de género o incorporando tópicos de reflexión en otras ya
existentes. Y si bien de las 18 universidades públicas laicas del país solo 4 han concretado los procesos de innovación
curricular es innegable el interés y compromiso con la temática, al punto que la totalidad de este grupo de universidades cuenta
con oficinas, direcciones o unidades de genero institucionales, destinadas a sensibilizar y educar a las comunidades
universitarias; además, de hacer seguimiento de las situaciones de acoso. Realidad muy distante de las universidades
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estudio de los itinerarios formativos de las distintas carreras que imparten y de modo especial en las pedagogías, pese a las
presiones y reivindicaciones del movimiento feminista universitario que, prácticamente, paralizó en el 2018 el sistema de
educación superior en Chile durante varias semana, demandando, entre otras cosas, el término de la educación sexista que
caracteriza al sistema educativo chileno al igual como ocurre en los otros países de la región (Cornejo, 2021b).
Lo curioso de este desinterés que, de algún modo confirma la hipótesis anterior, es la preocupación casi obsesiva por la
inclusión educativa, particularmente de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). Prácticamente la
totalidad de las universidades confesionales del país han mostrado un interés creciente por la temática, aventajando en varios
aspectos a las universidades laicas, aún a las públicas. Interés que se refleja en la actitud proactiva hacia las innovaciones
curriculares de las pedagogías o en la multiplicación de las especializaciones y carreras específicas para la atención de este
tipo de estudiantes. Es decir, la defensa de la diferencia no incomoda cuando no cuestiona los fundamentos del hetero –
patriarcado, como ya comentamos, o cuando no se aspira a la autodeterminación y reivindicación de la libertad individual.
Es importante consignar que el tránsito de una postura reservada y hasta cierto punto distante hacia los estudios de género y
sus reivindicaciones se comenzó a manifestar con mayor nitidez desde inicios de la presente década, donde la reserva dio paso
en varias de estas instituciones a la oposición activa y persecución de los y las académicos/as cultores de estos estudios que
no se conforman con las posturas y reivindicaciones “soft”. Rol activo en este viraje les cupo a ciertos académicos e
intelectuales, incentivados y avalados por algunos obispos y religiosos integristas, vinculados al conservadurismo político –
religioso del país, que asumió una postura militante de denuncia y persecución de las voces disidentes. Postura que se fue
consolidando a través de seminarios, presentaciones y charlas promovido por las mismas instituciones, y cuyo objetivo era
desacreditar los estudios de género y demonizar a sus cultores.
En un ambiente hostil como el descrito las posibilidades de desarrollar propuestas académicas que tuviesen a los estudios de
género y de disidencias como ejes centrales y articuladores de un programa de postgrado resultaban prácticamente
impensables. Tal es así, que no sólo en este tipo de instituciones no es posible encontrar postgrados de género, sino que las
escasas menciones que aparecen, ocasionalmente, en algún programa de asignatura, o en el mejor de los casos en algún curso
de perfeccionamiento o diplomado va en la línea de denuncia de las desigualdades salariales; es decir, el cultivo de un tipo de
estudios de género que no pone en riesgo o cuestiona el paradigma heterosexista – patriarcal.
En suma, se puede decir que, en este tipo de instituciones, los estudios de género tienen estrechos márgenes de acción,
predominando más bien en la mayoría de ellas el silencio, la omisión o el descuido en relación al tema. A nivel de postgrados
la oferta es, prácticamente, inexistente no sólo por un cierto descuido o desinterés, sino por una política institucional declarada
de ataque y descalificación de la disciplina, sus referentes teóricos, metodologías y reivindicaciones.
Universidades laicas
La situación en las universidades laicas ya sea estatal o ya sea privadas, en teoría es diametralmente distinta a la realidad de
las universidades confesionales donde el sesgo ideológico – religioso, además de manifiesto en sus distintas estructuras
institucionales, es declarado en sus discursos públicos; esto es, los estudios de género son abiertamente descalificados y/o
cuestionados, rescatándose apenas aspectos muy puntuales. En las universidades laicas, en cambio, se supone que por su
carácter no confesional y pluralista el género tiene múltiples posibilidades de desarrollo. Con todo, ello no siempre ocurre así,
pues, varias de ellas, especialmente las privadas, tienden a reproducir las mismas aprehensiones y descuido de las
universidades confesionales. Ello, probablemente, explicable por las adhesiones ideológico – políticas de sus propietarios
que, además de vinculados en su mayoría a grupos de la derecha política y económica del país, se sienten interpretados por
los discursos religiosos conservadores en materia de género y sexualidad.
Lo anterior incide en que en este tipo de instituciones el rezago en relación a los estudios de género y aun estrategias y
protocolos de manejo del acoso y abuso sexual sea aún más precario que en las propias universidades confesionales. En las
escasas instituciones donde la temática aparece, normalmente, es resultado de una política creada y direccionada desde las
autoridades y no producto de procesos de reflexión, discernimiento y crítica de las respectivas comunidades universitarias,
como ya se comentó en un acápite anterior. En estos casos el objetivo es más bien mostrar una imagen pública de “instituciones
inclusivas” y responder a los requerimientos de la CNA para los procesos de acreditación, y no propiamente de interés en el
desarrollo de la disciplina o compromiso con sus reivindicaciones. Tal es así, que no sólo el diseño y puesta en práctica de
sus protocolos en materia de género es inconsulta y sin la participación de sus distintos estamentos, sino que en estas
confesionales que se han conformado con las estructuras mínimas o al borde de la legalidad; pues, el género desde de la
perspectiva de estas instituciones representa una amenaza a sus estructuras de poder y representación.
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instituciones no se evidencia en ninguna de sus carreras de pregrado innovaciones o renovaciones curriculares que incorporen
temáticas de género. Vale decir, el género aparece como una política que es “informada” a académicos y funcionarios, con
propósitos muy concretos, y cuyo cumplimiento se limita a un ckeck list o cotejo de cumplimiento.
En el ámbito de los postgrados la situación no es muy distinta a la del pregrado, pues, ninguna de ellas ofrece
perfeccionamientos en esta área, salvo el Magíster en Estudio de Género e Intervención Psicosocial de la Universidad Central
como ya se comentó
6
. Los escasos perfeccionamientos que ofrecen este tipo de universidades, como las públicas y algunos
otros centros de capacitación laboral están focalizados en aspectos y problemáticas jurídico – laborales asociados a la
inequidad y desigualdad de género presente en el país.
En este sentido se puede afirmar, fehacientemente, que escaso o nulo interés se evidencia en este tipo de instituciones por el
desarrollo disciplinar, interdisciplinar u otros de los estudios de género con sus respectivas intersecciones que apuntan a las
distintas formas de exclusión arraigadas tanto en la cultura y fundamentos epistémicos, como en las prácticas cotidianas y
políticas. Extrapolando al género los postulados de Booth, Ainscow y Kingson (2007) que hablan de “culturas”, “políticas” y
“prácticas” como la triada que inspira los diagnósticos de inclusión, pero al mismo tiempo la triada donde se verifican y
constatan los avances, comprobamos que este tipo de instituciones, al igual que las confesionales, están lejos de ese ideario
programático donde los postgrados devienen tanto en espacios de formación como de reflexión y denuncia de las estructuras
y prácticas excluyentes, a la vez que espacios de propuestas y seguimiento de las acciones de reconocimiento y dignificación.
En el mejor de los casos y muy excepcionalmente se constatan las primeras incursiones a modo de testimonio y diagnóstico
de las situaciones y agentes de la exclusión motivadas por el género.
Y siendo sinceros, aun en las universidades públicas laicas tampoco se evidencian avances muy distintos a los de esas
universidades privadas pioneras en el área, salvo las políticas institucionales de género y las incipientes innovaciones o
renovaciones curriculares en las carreras de pedagogías derivadas, la mayor parte de ellas, de las presiones del movimiento
universitario feminista de 2018. Dicho de otro modo, los mayores avances (cuantitativos y cualitativos) en materia de género
de las universidades estatales laicas, comparadas con sus pares confesionales y/o privadas, se fundan maciza y
consistentemente en las presiones de feministas y disidentes, y no tanto de procesos de maduración institucional; esto es, los
logros (en ocasiones magros) han sido fruto de la denuncia y resistencia preservadas en el tiempo.
La cultura patriarcal, el machismo y la homofobia lejos de estar ausente de las instituciones estatales, han sido una lógica
calcada que se repite y perpetúa transversalmente en todo el sistema de educación superior chileno. Las exhortaciones a
momentos más propicios, los llamados a procesos de reflexión y maduración que nunca acaban, las exigencias de respeto a
los que fundamentan e institucionalizan la exclusión al interior de las instituciones universitarias, entre otros, devienen en
recursos repetidos; de allí, que sin negar los indudables avances en las universidades estatales laicas, expresados en protocolos
afinados de denuncia, seguimiento y sanción de las situaciones de acoso y abuso sexual, la creación de oficinas, unidades o
direcciones de género y su proactividad en los procesos formativos y de concientización de las respectivas comunidades
universitarias, los incipientes pero no por ello menos valorable procesos de innovación o renovación curricular, el desarrollo
de políticas institucionales de género, entre otras medidas, son suficientes; pues, resultaría ingenuo pensar que ya todo se
alcanzó o que no hay nada más por hacer. Muy por el contrario, lo hasta ahora conseguido es apenas el inicio de un largo
camino en favor de la equidad e igualdad de género en al ámbito universitario.
No quisiéramos cerrar esta reflexión sin denunciar la presencia de ciertos grupos fundamentalistas religiosos, que operan en
la mayor parte de las universidades del país, incluidas las confesionales católicas y, por supuesto, las estatales laicas, que no
sólo obstaculiza el desarrollo de políticas institucionales de género y la creación de nuevos postgrados y centros de
6
Entre las universidades privadas las excepciones a la tendencia descrita son la Universidad Central que desde hace ya algunos
años ha implementado toda una línea de desarrollo institucional en el ámbito de la inclusión educativa, destacando entre sus
iniciativas la única revista especializada en el área en Chile (Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa) que recepciona
artículos no sólo de NEE, sino de otras temáticas y grupos asociados a la inclusión educativa, incluidas cuestiones referidas
al género. La incursión y apuesta más reciente por los estudios de género lo representa la creación de un postgrado específico.
Creación que sitúan a esta universidad como la única privada en el país que ha pasado de las declaraciones y exhortaciones a
acciones concretas.
Otra universidad que ha mostrado interés por la temática, destacando algunas de sus académicas por sus producciones
intelectuales en el área es la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Igual cosa se podría decir de la Universidad
Jesuita Alberto Hurtado con sus grupos de pesquisa sobre disidencias sexuales en ambientes escolares. Con todo, ninguna de
ellas ha decantado esos avances en postgrados, especializaciones, perfeccionamientos o diplomados que escapen a las
implicancias jurídico – laborales del género.
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investigación de género y disidencias, sino que intentan revertir los logros hasta ahora conseguidos. Se trata originalmente
de círculos de estudios bíblicos, en apariencia inofensivos, muy activos en la captación de nuevos miembros, formados
mayoritariamente por estudiantes que han comenzado a penetrar las federaciones de estudiantes reivindicando el principio de
libertad religiosa (reivindicación, por cierto, muy justa y nada cuestionable en cuanto no implique conculcar los derechos de
otros grupos en nombre de esa misma libertad religiosa), pero también con discursos antigénero aprendidos en sus iglesias y
denominaciones de origen.
Es decir, movimientos evangélicos que tiene a los estudiantes universitarios como las puntas de lanza y caras visibles de una
corriente opuesta a las reivindicaciones de feministas y disidentes, en cuyos bastidores operan académicos y líderes religiosos
externos que buscan desde las sombras operacionalizar las políticas y discursos antigénero. Ejemplo, destacable de este tipo
de estrategia, que expande sus tentáculos a las casas de educación superior, es el movimiento evangélico nacido de los círculos
bíblicos de universidades de la Región del Bio Bio y que hoy cuenta con representación en el Congreso Nacional haciendo
uso de cupos de partidos de derecha, y que ha transformado la política antigénero en su “caballito de batalla”, su programa
político y consigna para la captación de nuevos miembros.
Y son, precisamente, los adherentes a este tipo de movimientos los que operan en las universidades nacionales,
particularmente estatales. Unas veces abiertamente y otras desde las sombras, intentando obstruir, cuestionando o
relativizando las reivindicaciones feministas y de disidencias, cuidándose de no develar sus verdaderas motivaciones
ideológico – religiosas, escudándose en razones burocráticas, administrativas o financieras. En definitiva, son estos verdaderos
“operadores políticos” de las políticas antigénero un eslabón más de una estrategia global que traba el desarrollo de los
postgrados y centros de estudios en el área en las universidades chilenas; pues, la ausencia o el déficit no es resultado de la
falta de voluntades o de profesionales e investigadores/as calificados, sino de estos auténticos “guardianes” del orden
patriarcal – heterosexista que se resisten a desaparecer.
Una de las pruebas más concretas de ese intervencionismo, que pone de manifiesto que no se trata apenas de elucubraciones
o teorías conspirativas fue el reciente requerimiento formal de dos diputados de la República que instruyeron a las
universidades de Chile y de Santiago para que proporcionase el listado de académicos y académicas que impartían asignaturas
de género o se dedicaban al estudio de esta disciplina, con el propósito de denunciar lo que consideraban un mal uso de los
recursos públicos impartiendo conocimientos que en nada aportaban al desarrollo del país (Castillo, 2021; Diario Universidad
de Chile, 2021; Espinoza, 2021)
Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado difundieron este viernes una declaración conjunta en la
que rechazan categóricamente el oficio enviado por los diputados de derecha Cristóbal Urruticoechea (Partido
Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación Nacional), quienes exigieron que se comunique a la Cámara Baja la
"ideología de género" de dos casas de estudios.
El documento emitido desde el Congreso como materialización de la consulta de Urruticoechea y Jürgensen exige
que la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago informen "a esta Cámara sobre los cursos, centros,
programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género,
perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características.
En dicho oficio se solicita, además, individualizar a docentes que imparten estas asignaturas y los recursos destinados
por cada institución.
Ante esto, los rectores de las universidades públicas de Chile expresaron que la acción de los legisladores "nos parece
una petición abusiva y con un fin persecutorio" (Cooperativa, 2021, “on line”).
Lo más preocupante de esa petición es que la rectoría de una de las universidades mejor rankeadas y emblemáticas del país
(Universidad de Santiago de Chile – USACH) hizo entrega de los listados solicitados, desatando con ello una ola de críticas
y paralizaciones al interior de esa casa de estudio, y ganándose el repudio de la comunidad académica generalizada; quienes
esgrimieron que la sola petición de esos dos parlamentarios atentaba contra el principio de libertad de cátedra y autonomía de
las universidades, como constó en la carta respuesta a la que adhirieron la totalidad de las universidades estatales. Con todo,
lo más paradójico del episodio es no sólo la osadía e intervencionismo descarado de ciertos parlamentarios y sus obsesiones
ideológicas, sino que esto tuvo lugar en universidades públicas y laicas por definición. Espacios en donde se supone están
garantizados y protegidos por ley la libertad de catedra, la autonomía, el respeto a la diversidad y disidencias entre otros
principios. De allí, que no resulte improcedente preguntarnos si esto ocurre en este tipo de instituciones ¿Cuánto más grave
es lo que ocurre en las instituciones privadas y/o confesionales?
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En otras palabras, contrariamente a lo que pudiesen pensar o decir algunos sectores que califican de exagerados o
“conspiranoicos” a aquellos que denuncian la política antigénero enquistada en el seno de las universidades nacionales, que
cuestiona la necesidad y pertinencia de los estudios, persigue a sus cultores y obstaculiza su desarrollo académico, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que la amenaza es real y que sus exponentes ya no temen a exponerse públicamente; pues,
de algún modo cuentan con el apoyo pasivo de los indiferentes que creen que esto del género no es más que una moda o los
desvaríos de feminista y disidentes.
II- Conclusiones
A modo de conclusión podemos destacar cuatro ideas fuerza que explican, en parte, los obstáculos que enfrenta aquellos que
buscan potenciar el postgrado en el área del género y las disidencias y su estudio sistemático. El primero de ellos dice relación
con la lógica mercantilista que se ha impuesto en la educación superior en Chile, donde un postgrado o un área de estudio es
viable si y sólo si es rentable, importando poco o nada si es un aporte al conocimiento, al desarrollo disciplinar o profesional.
Lo realmente decisivo es que ese postgrado, perfeccionamiento o producción intelectual sea un aporte económico a la
institución que lo alberga.
La segunda idea a destacar es que las universidades confesionales son, sin lugar a dudas, las instituciones donde las resistencias
y ataques a los estudios de género y de disidencias son declarado y sin ambages y, como consecuencia de ello, las posibilidades
de desarrollar postgrados o estudios en el área son prácticamente nulos; salvo, por supuesto, aquellos estudios “soft” que no
comprometen el paradigma patriarcal – heterosexista, centrados en temáticas jurídico – laborales que apuntan sólo a la
inequidad y desigualdad salarial o de condiciones de trabajo, y donde no hay compromiso alguno con la liberación de cuerpos,
géneros y sexualidades.
La tercera idea fuerza, se concentra en los silencios y omisiones de las universidades privadas, donde el género, salvo rarísimas
excepciones, presenta grados de rezago importante, aún si comparada con las universidades confesionales. Y cuando aparece
resulta de políticas institucionales diseñadas por la autoridad y sin la participación de las comunidades universitarias, con
propósitos claramente propagandísticos o de acreditación.
Finalmente, la cuarta idea fuerza se focaliza en las contradicciones de las universidades estatales laicas, donde las políticas
institucionales de género y esfuerzos de innovación curricular a nivel de pregrado son más evidentes. No obstante, esa mayor
sensibilidad no se ve reflejada en el desarrollo del postgrado o en el incentivo y fortalecimiento de centros de estudio y
producción intelectual de género y disidencias. En este sentido, no se pueden obviar tampoco las fuerzas ideológico –
religiosas que operan al interior de estas casas de estudio, unas veces desde las sombras y otras de forma manifiesta, con el
apoyo político de ciertos parlamentarios que, buscan obstruir, cuestionar y en definitiva erradicar los estudios de género y de
disidencias de este tipo de universidades; esgrimiendo razones que van desde los criterios de rentabilidad o aportes al
conocimiento hasta las acusaciones que representan al género como una ideología. Es decir, el género al igual como las
sexualidades, continúan siendo motivo de controversias y enfrentamientos entre aquellos que aspiran a la libertad de cuerpos,
géneros y sexualidades y aquellos que buscan reprimirlo y preservar así el orden patriarcal – heterosexista.
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Financiación:
No se recibió ningún tipo de financiamiento.
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