La agricultura familiar andina, por su naturaleza particular, realiza actividades de apoyo a la reducción al cambio climático, una de ellas es la adopción de prácticas sostenibles en la interpretación y utilización de bioindicadores vegetales y animales e indicadores atmosféricos, propios del saber campesino; la plantación de árboles para la protección de suelos y cauces hídricos; la “siembra del agua” como práctica ancestral para la generación de nuevos nacimientos de agua; el fortalecimiento de la biodiversidad a través de la preservación de especies vegetales y animales (policultivos) y; la diversificación de la producción mediante el uso de recursos endógenos, entre otras; estas acciones contribuyen a aumentar la resiliencia, regeneración y capacidad de adaptación de agricultura familiar frente al cambio climático (Meza, 2014).

La cultura rural forjada alrededor de este tipo de agricultura, en la cual interactúan componentes religiosos, míticos, productivos, sociales y ambientales, le otorgan unas particulares especiales a considerar en la evaluación de los impactos ambientales derivados de las variaciones climáticas, desde unos referentes conceptuales, metodológicos y técnicos adaptados a sus realidades, como una herramienta para conocer e interpretar los efectos de este fenómeno sobre estos entornos específicos (Conesa, 2010; Canter, 1998; Perevochtchikova, 2013).

Debido al campo extenso de las disciplinas, donde la evaluación de los impactos ambientales, es utilizada se han derivado una gran diversidad de metodologías diseñadas para captar fehacientemente los impactos, en tiempo, espacio y recursos, que han producido las intervenciones sociales, culturales, económicas, tecnológicas y ambientales sobre un objeto de interés para la transformación, análisis y/o la generación de nuevo conocimiento (Organización Internacional del Trabajo –OIT- y Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional –CINTERFOR-, 2011).

Es de aclarar, que aunque la generalidad de las definiciones encontradas en las referencias revisadas, sobre la evaluación de impactos ambientales, refieren a la determinación de los efectos en el corto y mediano plazo de políticas, programas o proyectos sobre sectores de la sociedad (Espinoza, 2002; Conesa, 2010; Canter, 1998) existen en ellas elementos comunes que caracterizan al impacto ambiental, como son las nociones de causalidad y efecto (Garmendia, et. al., 2005); es decir, la relación causa-efecto que se deriva de someter una situación particular inicial a una experiencia de intervención deliberada, planificada y sistemáticamente desarrollada.

Esta situación epistémica también se evidencia en las definiciones de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), como un instrumento técnico-administrativo de gestión ambiental para prever las implicaciones ambientales que un proyecto o acción puede ocasionar sobre el entorno natural (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, 2016; Conesa, ob.cit.). La visión preliminar de las determinaciones de impacto ambiental sobre un medio físico-natural y social constituye una herramienta prospectiva útil para prevenir, mitigar o adaptar los desarrollos y actividades a parámetros ambientales permitidos de sostenibilidad (Buroz, 1998; Perevochtchikova, ob.cit.).

Ahora bien, al situarse en el campo de la evaluación del cambio climático es importante destacar que precisa de 4 conceptos básicos relacionados con el riesgo, a tener en cuenta: vulnerabilidad, exposición, mitigación y adaptación (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC-, 2014a).

El primero de ellos se refiere a la sensibilidad a riesgos altos y moderados de los ecosistemas naturales y humanos al cambio climático; el segundo, al nivel de protección que los recursos y personas tienen ante eventos extremos; el tercero, a las medidas técnicas-administrativas para disminuir los impactos ambientales y; el cuarto, a los mecanismos para que los ecosistemas y comunidades se adapten a condiciones emergentes de temperatura y precipitación dentro de los límites de supervivencia.

Las consideraciones del IPCC, plasmadas en el Quinto Informe del Grupo de Trabajo II (2014b), son útiles para guiar la evaluación de los impactos del cambio climático en el sector agropecuario al valorar los riesgos de los procesos económicos, socioculturales y sistemas naturales a los efectos de las variaciones climáticas en los ámbitos de la vulnerabilidad, exposición, mitigación y adaptación (Mussetta et al., 2016; Peralvo y López, 2010).

En los modelos más utilizados de evaluación del cambio climático se evidencia una tendencia a enmarcarlos dentro de la evaluación de vulnerabilidad al asumir que el cambio climático implica un riesgo sobre la sostenibilidad y vitalidad de los sistemas naturales y humanos (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2014; México Resiliente, 2013; Robles, 2016). Estos modelos están conformados, generalmente, por tres fases: Diagnóstico, Modelo Conceptual y Validación. El diagnóstico permite reconocer y comprender la importancia, magnitud del problema y la sensibilidad de los ecosistemas y poblaciones humanas ante los cambios ambientales; el modelo conceptual parte del conocimiento teórico y de la experiencia diagnosticada en el entorno para generar una explicación de causas-efectos-soluciones orientada a mitigar y adaptar los sistemas naturales y humanos a las variaciones ambientales y a eventos climáticos extremos y; la validación es poner a prueba el funcionamiento del modelo teórico en escenarios históricos de impactos y vulnerabilidades para determinar su eficiencia.

Específicamente, la medición de los impactos del cambio climático en la agricultura ha seguido dos enfoques metodológicos: el estructural y el espacial (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL-, 2015; Ordaz, et al., 2010). El primero mide los impactos de las variables climatológicas (temperatura y precipitación) en la función de producción (rendimientos, productividad, costos), de tal forma que puede modelar en diferentes escenarios temporales las tendencias del comportamiento del clima y de la producción. El segundo enfoque, el espacial, mide los efectos directos del cambio climático sobre unidades físicas determinadas (fincas, bosques, etc) al diferenciar patrones en la calidad y disponibilidad de los recursos agrologicos (calidad de los suelos, disponibilidad de agua, distribución de los cultivos). En la práctica, estos dos enfoques se utilizan de manera complementaria para obtener una visión integradora del impacto del cambio climático en la agricultura.

La comprensión e interpretación de la evaluación del impacto del cambio climático en la agricultura, desde múltiples perspectivas, -cuantitativas y cualitativas-, posibilitan la generación de modelos-soluciones más pertinentes y contextualizados como garantía de intervenciones efectivas en los escenarios ambientales, económicos y sociales donde se desarrollen. Indudablemente, la comprensión no se logra en su totalidad si se percibe desde pequeñas miradas; por lo que se debe mirar al otro y a sí mismo como un constructor de conocimiento (Carrero, 2016), al valorar y sistematizar el saber campesino en la formulación de los indicadores para la construcción de un modelo adaptado a sus contextos productivos y sociales (Núñez, 2005).

El uso de indicadores, como producto de la evaluación del impacto del cambio climático, es una de las herramientas eficaces a la hora de tomar decisiones para diseñar políticas, programas y proyectos de intervención (Yepes, 2012) orientados a mitigar y adaptar a la población y a los sistemas productivos a escenarios prospectivos de variaciones climatológicas en un territorio determinado (Rave, 2016). De manera tal, que los indicadores son puntos de referencia o comparación (Beltrán, 2005) que señalan (indican) información del desempeño de un proceso, sistema u organización a partir de información cuantitativa o cualitativa provenientes de datos recabados por percepciones, opiniones, mediciones y hechos, los cuales son sistematizados y analizados siguiendo metodologías científicas y técnicas para su construcción; buscando orientar el estado, condición de un proceso o fenómeno en relación con la sostenibilidad (Ramírez et al., 2008).

En el ámbito de los indicadores existen diferentes tipologías, algunas de las cuales se pueden agrupar en: indicadores de evaluación ambiental; indicadores de integración sectorial; indicadores de integración económica, entre otros (Manteiga, 2000; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE-, 2001), en función a los requerimientos de las disciplinas, campos de acción y propósito de la evaluación, por lo que es difícil enmarcarse dentro de una clasificación particular. En los modelos más utilizados de evaluación del cumplimiento de metas económicas, sociales y ambientales se construyen indicadores para cada ámbito específico con unidades de medidas adecuadas a su medición (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (México) –SAGARPA-, 2016)

Cabe resaltar, que en Colombia algunos sistemas agrarios están más consolidados en materia de investigación agrometeorológica y en redes de observaciones meteorológicas por lo que tienen mayor acceso a pronósticos y predicciones. Sistemas agrarios, como el café, palma aceitera, caña de azúcar, cereales y arroz han tenido más avance con el uso de diversos modelos que permiten simular la disponibilidad hídrica, rendimientos potenciales, crecimiento del cultivo y respuesta a diversas alternativas de manejo. De otra parte, se encuentran los pequeños agricultores -de quienes depende el 67% de la producción nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014)- con poco, o ningún, acceso a la información agroclimática. Es por esto, que la incidencia negativa del comportamiento climático en Colombia, en la producción y rendimiento agrícola de los diversos cultivos, prevención y control de riesgos y desastres, dificulta la toma de decisiones de políticas públicas de apoyo para las economías campesinas andinas.